Una denuncia ingresada por vecinos ayer al Concejo Deliberante de Bialet Massé sacudió el escenario político local y colocó al concejal Rodolfo Edmundo Martín en el centro de fuertes cuestionamientos. El planteo gira en torno a la situación judicial de Javier Esteban Granero, integrante de su entorno y señalado por los denunciantes como uno de sus principales asesores políticos. El eje de la controversia es determinar hasta qué punto Martín habría tenido conocimiento de la causa y por qué Granero habría continuado formando parte de su armado político.
Según la presentación realizada por vecinos ante el cuerpo legislativo local, Granero se encuentra imputado en una causa vinculada a la tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y habría sido objeto de un allanamiento en el que se secuestraron distintos dispositivos tecnológicos.
Martín pertenece al espacio político de Democracia Cristiana, que tiene como uno de sus principales referentes al diputado nacional Juan Brügge, alineado al oficialismo provincial.
Los denunciantes sostienen que entre Martín y Granero existía una relación estrecha, tanto política como personal, y que este último habría continuado participando de actividades del espacio incluso después de iniciada la investigación judicial. La presentación incorpora fotografías, publicaciones y capturas de redes sociales con las que busca acreditar esa cercanía.
Uno de los puntos más sensibles aparece en las actividades vinculadas a niños. Según el escrito, Granero habría participado de acciones territoriales de ese tipo aun cuando la causa ya estaba en marcha. Para los denunciantes, esa continuidad obliga a establecer si Martín conocía la situación y, en caso afirmativo, por qué no habría dispuesto su apartamiento inmediato.
La controversia adquiere además una fuerte carga política porque Martín habría impulsado en Bialet Massé la adhesión a la denominada Ley Lucio, la Ley Nacional, destinada a fortalecer la capacitación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Allí aparece la contradicción que alimenta la denuncia: mientras públicamente se promovía una política de protección de las infancias, dentro del propio espacio político habría continuado teniendo presencia una persona investigada por una causa vinculada a material de abuso sexual infantil.
La presentación incluso plantea la posibilidad de un supuesto ocultamiento político de la situación de Granero, una acusación que deberá ser acreditada y que, por sí sola, no implica responsabilidad penal de Martín.
Los vecinos también solicitaron que el Concejo Deliberante evalúe la conducta del edil y determine si corresponde analizarla bajo las figuras de mal desempeño o eventual inhabilidad moral sobreviniente.