Este medio ya había puesto el foco sobre este negocio en la nota “Una inversión privada con sello oficial y ventajas difíciles de justificar”.Link 👇https://www.instagram.com/p/DXYs73Akbid/?stkn=MTE3anBzOHNndTh6dA==�
La publicación advertía sobre la instalación de una estación de servicio sobre la Ruta 14. Ahora, los cuestionamientos de ADARSA vuelven a colocar al intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, en el centro de una renovada polémica a los que nos tiene acostumbrado Moyano, que no es solamente ambiental: también alcanza la forma en que su gobierno administró recursos y otorgó beneficios municipales que, en definitiva, pertenecen a los propios vecinos. Hoy la obra esta clausurada por policía ambiental de la provincia.
Cada peso que el Municipio deja de recaudar por exenciones es dinero que no ingresa a las arcas municipales. Y cada hora de personal o de maquinaria destinada a colaborar con un emprendimiento privado representa capacidad municipal que deja de estar disponible para otras tareas.
El convenio firmado por Moyano con el empresario Diego Monasterio, propietario de la estación de servicio en cuestión, fue particularmente generoso. Moyano se comprometió a autorizar el cambio de uso del suelo, eximió al empresario del 100% de las tasas por aprobación de planos y de todas las tasas municipales durante cinco años, con posibilidad de extender ese beneficio por otros cinco. Pero lo mas polémico es que puso a disposición maquinaria y personal municipal para la limpieza inicial del terreno, además de colaboración para accesos e iluminación.
Ahora, el problema político se agrava con la presentación de ADARSA, Amigos del Río y Brigada Forestal Biguá, organizaciones que cuestionan el avance de la obra y sostienen que todavía no estaba acreditada la correspondiente licencia ambiental.
La propia Ordenanza 559/2025 establece que las exenciones y beneficios deben ejecutarse respetando la normativa ambiental y que el empresario debe contar con las autorizaciones de los organismos competentes.
La velocidad de Moyano fue contundente a la hora de conceder ventajas y comprometer recursos municipales para facilitar una inversión privada, mientras hoy se descubre que los controles y autorizaciones necesarios no estaban resueltos antes de permitir que el proyecto siguiera avanzando.
Moyano puso personal municipal, exenciones y maquinaria del Municipio a disposición de un emprendimiento privado. Ahora, con la obra esta clausurada y frenada, la pregunta es inevitable: ¿quién paga la cuenta de las malas decisiones de Moyano?