parte del reglamento que voto el oficialismo y que incumplió.
En Villa Carlos Paz ya no se discuten solo políticas públicas: se discute el ejercicio del poder. Y en ese terreno, el intendente Esteban Avilés parece haber decidido correr todos los límites.
La decisión de descontarle el 50% de los haberes a concejales de la oposición por no asistir a una sesión especial, a pesar que la oposición se encuadraba dentro de las formas y tiempos establecidos por el reglamento, no es un hecho aislado ni administrativo. Es un gesto político. Un mensaje. Una advertencia. En un sistema democrático donde el Concejo debería funcionar como un poder autónomo, el oficialismo eligió convertir la diferencia política en castigo económico.
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El argumento formal —ordenar el funcionamiento institucional— se cae por su propio peso cuando se analiza el contexto. Porque lo que aparece con claridad no es una preocupación por la institucionalidad, sino una lógica de disciplinamiento. En Carlos Paz, el que no se alinea, paga.
Pero la clave no está solo en el castigo, sino en el para qué. Y ahí aparece el dato incómodo: 2027. Un año que empieza a condicionar cada movimiento del oficialismo. Sin la COOPI como enemigo central y de peso, el manejo politico y financiero de la Defensoria del Pueblo y frente a una oposición fragmentada, desordenada y sin volumen político, el avilesismo enfrenta un problema estructural: le falta contra quién construir poder. Y cuando el poder no tiene enemigo, lo fabrica.
La sanción a los ediles opositores encaja perfecto en esa ingeniería. No solo castiga: construye relato. Instala la idea de una oposición irresponsable, incumplidora, poco comprometida. Un blanco ideal para empezar a polarizar, ordenar la tropa propia y justificar lo que viene.
Porque lo que viene no es menor. Se habla de listas “blue”, de armados paralelos, de fragmentación inducida. Una estrategia conocida y ensayada por el avilesismo: dividir para reinar. Generar múltiples oposiciones débiles antes que enfrentar una sola con volumen.
En ese esquema, el descuento de haberes funciona como una pieza más del engranaje. No mueve el amperímetro de las finanzas municipales, pero sí tiene alto impacto simbólico. Se vende como austeridad, pero opera como castigo selectivo. Y ahí es donde el discurso empieza a hacer ruido.
Hoy, los concejales perciben salarios cercanos a los $3.600.000 netos mensuales, definidos y votado bajo la propia lógica de la mayoria del oficialismo. Si realmente existiera una vocación de cuidar las arcas públicas, la mayoría automática del avilesismo permitiría avanzar en una reducción general. Pero eso implicaría tocar privilegios propios, incluso los haberes del propio Aviles que gana mensualmente casi como el gobernador de la provincia . Y esa línea, por ahora, no se cruza.
La ecuación es clara: no bajar sueldos, sí disciplinar. No ajustar hacia adentro, pero sí construir una épica de control hacia afuera. Una “moral selectiva” que sirve más para el relato que para la gestión.
Así, entre castigos, construcción de enemigos y movimientos tácticos, Esteban Avilés empieza a escribir su hoja de ruta hacia 2027. No desde la debilidad, sino desde una lógica de poder que busca anticiparse, ordenar el escenario y, sobre todo, garantizarse centralidad frente a las más de dos decadas ejerciendo el poder.
En Carlos Paz, la discusión ya no es quién gobierna.
La verdadera pregunta es cómo se gobierna.
Y hasta dónde se está dispuesto a llegar para seguir haciéndolo.