El impacto del modelo económico nacional ya se siente con fuerza en el interior cordobés. En La Cumbre, la demanda de ayuda social creció un 73%, un dato que refleja con crudeza cómo la crisis golpea a las economías regionales.
En diálogo con VOX PUNILLA, el intendente Pablo Alicio fue contundente: “La crisis nacional golpea duramente las economías regionales”. Al ser consultado sobre el impacto concreto en la localidad serrana, no dudó en afirmar que el aumento de la contención social es una consecuencia directa del escenario macroeconómico. “Notamos que hay vecinos que nunca nos pedían nada y hoy, casi con vergüenza, nos piden porque no les alcanza”, sostuvo. Y agregó una frase que sintetiza la situación: “Hay gente que tiene que elegir entre pagar la luz, comer o poder comprarse una bolsa de cemento para terminar el baño”.
En medio del ajuste y la casi nula entrega de programas nacionales —recortados en los últimos años — muchos municipios del interior se ven obligados a aumentar las partidas presupuestarias para sostener la asistencia social. En numerosos casos, eso implica resignar obras públicas para atender la urgencia.
Sin embargo, Alicio aseguró que en La Cumbre no se paralizó la obra pública. Continúa el plan de bacheo de calles, la culminación de dos perforaciones de agua con una cisterna de 150.000 litros y la construcción de un polideportivo social.
Pero la obra de mayor inversión, en terminos de volumen económico, es la electrificación del loteo municipal, que demandará una inversión de $ 650 millones y permitirá dotar de servicios a 360 familias. Una apuesta fuerte en un contexto donde la mayoría de las administraciones priorizan únicamente la emergencia.
El desafío político del interior.
Las crisis económicas suelen impactar en todo el país, pero en el interior sus efectos se multiplican: menor actividad, caída del consumo y dependencia casi total de recursos provinciales o nacionales.
El gran desafío para los jefes comunales del Valle de Punilla será articular el crecimiento sostenido de la contención social con la continuidad de obras y servicios.
La cifra del 73% no es solo un indicador social. Es un dato político que pone a prueba la capacidad de gestión, la administración de prioridades y la cintura institucional de los intendentes en tiempos de ajuste y tensión económica.