Con más de dos años al frente del ministerio más caliente que tiene cualquier gestión, independientemente de la provincia y del color político, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, rompió varios de los parámetros que marcaron la historia contemporánea de la segunda provincia más importante del país.
Mientras Quinteros proclama frases como «en Córdoba el orden público no se negocia» y repite que el gobernador lo convocó para trabajar» esquivando herir sensibilidades con su posible candidatura, lo cierto es que el secreto a voces empieza tomar forma y el nombre de Quinteros como candidato dejó de ser una cuestión reservada para convertirse en una realidad electoral
Hablar de seguridad en cualquier Estado siempre es un dolor de cabeza para cualquier mandatario provincial. “Seguridad te lleva puesto”, repiten casi como un mantra quienes alguna vez atravesaron ese despacho. Y algo de razón hay en esa sentencia cuando se observa que los dos últimos ministros del área en Córdoba terminaron eyectados del Ejecutivo con un hilo conductor en común: la corrupción. Los casos de Alfonso Mosquera y Diego Hak quedaron como recordatorio de lo volátil que puede ser ese sillón.
En ese contexto, Quinteros enfrenta quizá la prueba más riesgosa de cualquier ministro de Seguridad: atravesar la gestión sin quedar salpicado por hechos graves de corrupción dentro de la fuerza o del propio ministerio. En un área donde la política, la calle y el delito conviven en tensión permanente, sostener la autoridad institucional sin pagar costos puede resultar una misión imposible.
Pero si algo caracterizó hasta ahora la gestión de Quinteros es haber impuesto un sello propio. A diferencia de otros tiempos, donde el ministerio se movía entre oficinas burocráticas y discursos técnicos que pasaban casi inadvertidos, el actual titular de la cartera eligió una lógica distinta: presencia territorial permanente.
Hay un dato curioso que grafica esa impronta. Cuando uno busca imágenes del ministro en internet, el buscador arroja mayoritariamente fotos en allanamientos, operativos policiales, controles o situaciones de emergencia. Cuesta más encontrarlo detrás de un escritorio que en la calle. Una señal política y comunicacional que no es casual.
En ese esquema, el ministerio funciona con una dinámica poco convencional para la administración pública: sin demasiados protocolos, con el propio ministro moviéndose muchas veces sin custodia personal, con un teléfono que —según admiten en el propio entorno del área— permanece activo las 24 horas. No es extraño que las gacetillas de prensa lleguen a los periodistas a las cuatro de la madrugada, informando la ubicación de un operativo o un allanamiento sorpresa.
Esa lógica, sostienen en el entorno del gobierno provincial, buscó reinstalar algo que en los últimos años parecía erosionado: la autoridad institucional. Incluso a costa de pagar costos políticos y de sacar a la luz episodios incómodos dentro de la propia fuerza policial.
La estrategia de Quinteros combinó dos gestos que en política de seguridad suelen ser difíciles de equilibrar: depurar a los “delincuentes disfrazados de policías” —como suelen describir en el propio ministerio— y, al mismo tiempo, brindar respaldo político a aquellos efectivos que se juegan en la calle contra el delito.
Esa ecuación explica, en parte, por qué el ministro logró sostenerse en un cargo históricamente inestable y convertirse en una de las figuras con mayor volumen político dentro del gabinete del gobernador Martín Llaryora.
La de Quinteros es clara y todavía no tiene respuesta definitiva: si su estilo hiperactivo, su exposición permanente y su apuesta por mostrar gestión en la calle alcanzarán para atravesar uno de los ministerios más sensibles del poder provincial sin quedar atrapado en el mismo destino que sus antecesores.
Porque en Córdoba, como repiten los viejos operadores del poder, la seguridad puede construir liderazgo político… pero también puede terminar devorándolo.