articuló de la ordenanza original 2021 y la modificación en 2024
Una serie de decisiones adoptadas en torno al servicio de agua potable en la localidad comienzan a despertar interrogantes fuera y dentro del propio oficialismo. En el centro de la escena aparece el intendente Ariel Moyano, señalado por haber impulsado la modificacion de una ordenanza y movimientos administrativos para favorecer a un dirigente de su círculo más cercano.
contrato con la COOPI en marzo de 2026
El foco está puesto en el ente municipal EMOSA, creado en 2021 —entre otras funciones— para garantizar la prestación y mantenimiento del servicio de agua. Sin embargo, pese a contar con esta estructura, Moyano avanzó en la contratación de la COOPI para hacerse cargo del servicio, una decisión que genera ruido en términos de coherencia administrativa y uso de recursos públicos.
La normativa original, establecía requisitos técnicos y claros para integrar el directorio de EMOSA, tenía que ser abogado, contador o ingeniero.
Pero en 2024, Moyano hace modificar la ordenanza. El cambio daba de baja los requisitos técnicos para estar al frente del EMOSA, eso le permitió a Moyano designar a Miqueas Zárate al frente del ente, un dirigente cercano al intendente y sin conocimientos técnicos en materia de servicios de agua. Pero el punto más sensible aparece al cruzar los datos: Zárate no solo preside EMOSA, sino que además es empleado de la COOPI, la misma entidad que él mismo termina contratando el pasado 20 de marzo para prestar el servicio. La superposición de roles abre un interrogante inevitable sobre la posible incompatibilidad de funciones y un eventual conflicto de intereses.
“Se modificó una ordenanza para ubicar a alguien sin experiencia y, al mismo tiempo, esa persona termina contratando a su propio empleador”, sostuvo la fuente que forma parte de las segundas lineas del gabinete, desencantado con la gestión de su propio jefe político
Marcha atrás con la «aduana interna»
En ese contexto, otro episodio reciente suma tensión: la aprobación de una ordenanza que establecía una suerte de “aduana interna” para gravar el ingreso de mercadería dentro del ejido municipal. La medida, votada la semana pasada, fue puesta en suspenso apenas dos días después por el propio intendente, en medio de cuestionamientos sobre su posible inconstitucionalidad.
Con este escenario, la gestión de Moyano empieza a quedar bajo la lupa. Las decisiones en torno a EMOSA, la tercerización del servicio y la modificación de una ordenanza para favorecer a un amigo, configuran un cuadro que, al menos, amerita explicaciones. Mientras tanto, crecen las dudas sobre los criterios de transparencia y la línea que separa la gestión pública de los intereses particulares.