No fue sólo una derrota judicial. Fue un fallo que golpea de lleno la credibilidad política del espacio que conduce el exintendente y actual concejal de Tanti Luis Azar. La Cámara Contencioso Administrativa de 2.ª Nominación rechazó por unanimidad la demanda presentada por los concejales Marcela Suárez (UCR) y Lucio López (PJ), ambos influenciados bajo el paraguas político de Azar, y confirmó que fue legal descontarles el 25% de sus dietas por faltar, sin justificación, a la sesión inaugural del período legislativo 2025.
Pero lo más duro no fue el descuento. Fue el contenido del fallo judicial.
Las Camaristas, Dra. María Soledad Puigdellibol, Dra. Daniela Susana Sosa y la Dra. María Eugenia Heredia no sólo avalaron la sanción aplicada por el municipio, sino que sostuvieron que la conducta de ambos concejales implicó una «manifiesta violación de los principios y pautas éticas que rigen el ejercicio de la función pública».
El tribunal concluyó que ninguno de los dos logró acreditar una causa válida para ausentarse y cuestionó que, en lugar de asumir esa responsabilidad, recurrieran a la Justicia para reclamar el dinero descontado. Según la sentencia, «privilegiaron un interés personal por encima del interés público», desnaturalizando el mandato conferido por los vecinos tanteños.
El fallo judicial también contiene un inusual llamado de atención institucional: «la Cámara exhortó expresamente a Suárez y López a cumplir con su obligación de asistir a las sesiones y comisiones, recordándoles que la presencia en el recinto no es una opción política, sino un deber inherente al cargo.»
La resolución deja además una fuerte señal política. Marcela Suárez y Lucio López, que representan dos partidos distintos, pero ambos alineados bajo el paraguas politico de Luis Azar, terminaron pagando el costo político y social. El revés judicial, por lo tanto, trasciende a los concejales y termina impactando sobre la credibilidad política del exintendente, que a pesar de tener doble cargo como funcionario politico del gobierno peronista y paralelamente concejal, cobrando en los dos cargos, algo prohibitibo por ley, sigue dando señales de debilitamiento, apelando a viejas prácticas políticas.
El mensaje de la Justicia fue contundente: «un representante público no puede faltar a cumplir su función, pretender cobrar como si hubiera trabajado y, además, exigir que sea el Estado quien le devuelva ese dinero». Una definición que deja al los dos concejales y a Azar con mucho más que una derrota judicial: un alto costo político, institucional y un mensaje que debería ser internalizado por aquellos que ejercen cargos públicos: «la función ética es suprema en el ejercicio de la función pública, porque su ausencia deviene en actos potencialmente de corrupción», un claro disparador de cuando la «mala política» carece de tales principios.
La Cámara tambien confirmó que todos los actos y costos administrativos de la demanda, serán para los demandantes y los obligó a afrontar los honorarios del proceso.