El intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, decidió endurecer las reglas de acceso al estado y enviar una fuerte señal política. El departamento ejecutivo remitió al concejo deliberante un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial N.º 8892, pero con un agregado que eleva la exigencia: ningún funcionario podrá continuar en el ejecutivo si no acredita que no integra el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa establece que la constancia de libre deuda alimentaria será un requisito para acceder a licencias, permisos, habilitaciones y concesiones municipales, inscribirse como proveedor del municipio, recibir subsidios o programas sociales, solicitar cambios de titularidad de comercios o industrias y postularse para cargos públicos.
«El incumplimiento de la obligación alimentaria constituye una de las formas más graves de violencia. Es una herramienta de manipulación que les quita a quienes más lo necesitan las posibilidades más básicas», afirmó el jefe comunal al fundamentar la medida.
La ofensiva no termina allí. El mandatario confirmó que ya trabaja en un nuevo proyecto para exigir certificados de antecedentes por delitos sexuales a quienes se desempeñen en áreas donde exista contacto con niños, niñas y adolescentes.
Aunque otros municipios del corredor ya adhirieron a la legislación provincial, el intendente aseguró que Huerta Grande irá más allá. «Les hemos dado un plazo a todos los funcionarios para que presenten la constancia, y quien no lo haga quedará fuera del Ejecutivo», advirtió.
Con esta batería de medidas, el Ejecutivo busca instalar un mensaje claro: el cumplimiento de las obligaciones personales también será un requisito para ejercer responsabilidades públicas. Una decisión que promete abrir el debate político en la localidad y que pone la vara más alta para quienes aspiran a formar parte del estado.