En medio de un escenario cada vez más complejo para los sistemas de atención pública del interior cordobés, la Unión Cívica Radical volvió a poner el foco sobre la situación sanitaria provincial. El legislador radical José Bría presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Sanitaria en la provincia de Córdoba, una iniciativa que busca reforzar el financiamiento y los recursos humanos en hospitales municipales del interior.
La propuesta surge, según el autor del proyecto, como respuesta a una combinación de factores que vienen tensionando al sistema: cierre o debilitamiento de establecimientos sanitarios, aumento de la demanda en hospitales municipales y una marcada desigualdad en la distribución de profesionales de la salud entre la capital y los departamentos del interior.
En diálogo con este medio, Bría planteó que el objetivo central del proyecto es dotar de herramientas al Ejecutivo provincial para reforzar las partidas presupuestarias destinadas a la salud en el interior. “Queremos darle una herramienta legal al Ejecutivo para establecer mecanismos que permitan fortalecer el financiamiento de los hospitales municipales, que hoy están sosteniendo gran parte de la atención sanitaria”, explicó.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es reforzar el FOFINDES, el Fondo de Financiamiento de la Descentralización de la Salud, que la Provincia gira automáticamente a los municipios que cuentan con establecimientos sanitarios. Según el legislador, esos recursos quedaron desactualizados frente al crecimiento de la demanda y el aumento de costos operativos.
“Muchos municipios están sosteniendo el sistema sanitario con presupuestos muy limitados. La crisis económica hizo que muchas personas que antes tenían obra social hoy se vuelquen al sistema público”, señaló el ex intendente de Morteros.
El proyecto también pone el acento en la falta de profesionales médicos en el interior, un problema estructural que, según Bría, se profundizó en los últimos años. Para dimensionar la desigualdad, el legislador expuso cifras que reflejan el desequilibrio territorial: mientras en Córdoba hay aproximadamente un médico cada 90 habitantes, en el departamento San Justo la relación asciende a uno cada 300 habitantes, y en el departamento Pocho llega a un profesional cada mil habitantes.
Para intentar revertir esta brecha, la iniciativa propone ampliar el programa “Médicos Residentes en el Interior”, con el objetivo de incentivar la radicación de profesionales en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. La medida, según el legislador, permitiría reducir los traslados de pacientes que hoy deben recorrer entre 80 y 100 kilómetros para acceder a una consulta o tratamiento.
Sin embargo, el debate sanitario también abre inevitablemente una discusión política dentro de la Legislatura de Córdoba. En una cámara donde el oficialismo mantiene mayoría, la oposición suele cuestionar el funcionamiento del recinto y lo define, con tono crítico, como una “escribanía de lujo” donde predominan los proyectos impulsados por el Ejecutivo.
En ese contexto, la pregunta comienza a instalarse en el tablero político: ¿permitirá el oficialismo avanzar con una iniciativa opositora que busca dar respuesta a una problemática creciente en el interior provincial?
La discusión que se abre no es menor. Porque detrás del debate legislativo aparece un interrogante de fondo que atraviesa la agenda pública: si la crisis sanitaria del interior se abordará como una política de Estado o si terminará atrapada en la lógica de la disputa partidaria. En otras palabras, si la salud pública logrará escapar al color político o quedará teñida por él.