En el marco del reordenamiento de las cuentas públicas que impulsa el Centro Cívico, el ajuste ya no distingue niveles y comienza a impactar de lleno en la Legislatura provincial. Según pudo confirmar VOX, las medidas de recorte alcanzan ahora a los legisladores, con una batería de restricciones que apuntan a reducir gastos considerados “no esenciales”.
Menos cafés, menos criollos, recortes en el uso de combustible, limitación en la entrega de placas de reconocimiento, de banderas y una lupa más fina sobre los consumos internos forman parte del nuevo esquema de de gastos. Un cambio que, aunque menor en términos presupuestarios, golpea en el corazón de las prácticas cotidianas de la política.
La incomodidad no tardó en hacerse sentir. Quedó expuesta en la última sesión legislativa, donde el inicio del pleno —previsto para las 13:30— se demoró más de dos horas. Detrás de esa dilación, según trascendió, hubo una discusión puertas adentro del bloque oficialista luego de que la vicegobernadora comunicara el endurecimiento de los controles y la profundización de los recortes.
El malestar, aunque contenido, empieza a filtrarse entre los propios legisladores del oficialismo, poco habituados a este tipo de restricciones. La tensión no radica tanto en el volumen del ajuste, sino en lo que representa: un cambio de lógica en el manejo de los recursos.
En paralelo, la pregunta comienza a bajar al territorio. En el Valle de Punilla, algunos concejales ya se preguntan si esta política de recorte tendrá su réplica en los concejos deliberantes locales. La duda no es menor: si el ajuste escala, podría alterar también las dinámicas de la política chica, donde los márgenes son más estrechos pero las costumbres igual de arraigadas. Por ahora, el mensaje del Panal parece claro: el ajuste es para todos. Incluso para la política.