Carlos Paz: herencias, donaciones, remates y funcionarios sin presentar sus DD.JJ.

La polémica en torno al supuesto enriquecimiento ilícito y la falta de presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete del Presidente Milei, parece que cruzó la General Paz y también llegó al interior. En Carlos Paz, donde el «avilesismo» hace años levanta la bandera de la «transparencia», los números, lo que se omitió y las valuaciones fiscales generan más dudas que transparencia.

VOX pudo verificar que más de treinta funcionarios políticos municipales, aparecen sin haber presentado sus declaraciones juradas al 2025. La situación no es menor. La Carta Orgánica Municipal establece claramente que no sólo deben hacerlo los cargos más altos del Ejecutivo, sino también coordinadores y funcionarios políticos de distintas áreas.

Pero incluso entre quienes sí las presentaron, los datos llaman la atención. Donaciones, herencias, cesiones sucesorias y propiedades adquiridas en remates públicos aparecen repetidamente en las DD.JJ. oficiales. A eso se suma otro detalle clave: todos declaran los inmuebles a valor fiscal, cifras que representan apenas un porcentaje mínimo del verdadero valor de mercado.

El caso más emblemático es el del intendente Esteban Aviles. Después de casi 24 años ocupando distintos cargos dentro del poder político local y provincial, en su declaración sólo figura un terreno adquirido en 2004 y luego dos incorporaciones una por “donación” y otra por “herencia” en 2018. En el apartado de bienes registrables no declara vehículos propios.

Sin embargo, el mandatario se moviliza en una pick up Renault Alaskan dominio AF 124 HH perteneciente al patrimonio municipal. El uso de vehículos oficiales está permitido, aunque la ordenanza municipal N° 5922, en su artículo 12, establece y deja bien en claro los límites del uso de los bienes municipales “no podrán ser usados para fines particulares”. La contradicción aparece sola: si el intendente no posee vehículo propio declarado, la utilización permanente de un vehículo oficial vuelve inevitable la contrariedad.

Otro caso llamativo, siempre hablando de bienes inmuebles, es el del ex intendente y actual presidente del Tribunal de Cuentas, Daniel Gómez Gesteira. Sus declaraciones muestran una llamativa recurrencia: todas sus propiedades fueron adquiridas en remates públicos en 2004, 2005 y 2013. En 2024 suma además un inmueble incorporado mediante cesión de derechos sucesorios. En los pasillos políticos de la oposición ya lo bautizaron con ironía: “el ojo del buen postor”, por su olfato a la hora de comprar inmuebles a través de remates.

También sorprende la declaración del secretario general municipal Juan Lucero, quien informa, en su última DD. JJ. , una propiedad valuada en apenas $5.670.997, un monto que hoy ni siquiera alcanza para una vivienda prefabricada de gama baja.

Otros funcionarios con obligacion de presentar sus DD.JJ., son la ex concejal opositora Natalia Lenci, hoy funcionaría avilesista, el ex edil Hugo Bustos, hoy con cargo en la secretaria privada del Intendente y la de la ex candidata peronista Gradys Moreno. Los tres ausentes a la hora de presentar sus respectivas DD.JJ.

El secretario de Turismo Sebastián Boldrini tampoco pasa desapercibido. En su declaración figura un inmueble valuado fiscalmente en apenas $1.131.904. Sí, poco más de un millón de pesos.

En el Concejo Deliberante también aparecen inconsistencias difíciles de explicar para cualquier vecino común. Los oficialistas Raquel Merlino y Juan Bocchetti exhiben declaraciones complejas de interpretar.

Merlino, declara cinco propiedades recibidas mediante «donaciones» entre 2018 y 2020, además de bienes gananciales al 50%. Un esquema patrimonial que para cuelquier vecino común resulta, cuanto menos, difícil de entender.

Bocchetti, por su parte, recordado por aquella escena donde exhibió la llave de un Mercedes Benz en plena sesión denunciando que “le querían meter una mecha”, no registra bienes inmuebles en su DD.JJ.

Herencias, donaciones, valuaciones irrisorias, propiedades adquiridas en remates y decenas de funcionarios sin presentar declaraciones juradas. En una ciudad donde la narrativa avilesista habla permanentemente de transparencia, las propias DD.JJ. parecen ser el principio del fin de esa proclamación.

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