parte de la documentación donde se describe la actual titularidad de los terrenos.
En Icho Cruz la política volvió a meterse de lleno en el territorio donde más duele: la tierra. Y lo hizo con un combo explosivo que mezcla presuntas irregularidades, falta de información y un silencio oficial que, lejos de calmar, alimenta las sospechas.
en rojo las 12 H. para la urbanización
Vecinos del sur de Punilla encendieron las alarmas frente a lo que describen como una “preocupante falta de transparencia” por parte del municipio que conduce el intendente Pablo Tessio. El eje del conflicto gira en torno a una nueva urbanización que el propio jefe comunal había anunciado años atrás durante una apertura de sesiones, pero que hoy aparece rodeada de más interrogantes que certezas.
Lo que debería haber sido presentado como un proyecto de desarrollo urbano terminó convirtiéndose en un caso testigo de opacidad política. Según relatan vecinos —que prefirieron mantener sus nombres en reserva —, la iniciativa avanzaría sobre terrenos cuya situación dominial está lejos de ser clara, y que además presentan serios cuestionamientos ambientales.
El punto más delicado del entramado aparece en la supuesta “donación” de unas 12 hectáreas, que son parte de unas 134 h. ubicadas sobre la Ruta 14. Según la versión oficial, estos terrenos habrían sido cedidos al municipio por el empresario Miguel Cane, vinculado a La Posada del Quenti.
Pero la historia no cierra. Documentación a la que accedieron vecinos indicaría que esas tierras no pertenecerían a Cane, sino a la firma «Villa de las Sierras Club Privado de Golf S.A».. Es decir, quien habría “donado” no tendría la titularidad legal para hacerlo. Un detalle no menor: sin propiedad, no hay donación posible.
La situación escaló aún más cuando los propios vecinos lograron contactar a un integrante de dicha sociedad, quien —según afirman— se mostró sorprendido al enterarse de la supuesta cesión. Como si fuera poco, aseguran haber obtenido la escritura original que confirmaría la titularidad de la empresa sobre el predio.
Pero la polémica no termina en lo legal. También se mete de lleno en el terreno ambiental. El área donde se proyecta la urbanización estaría catalogada como “zona roja”, es decir, un espacio con fuertes restricciones para construir.
Bajo ese encuadre, cualquier intento de desarrollo urbano debería atravesar estudios de impacto ambiental extremadamente rigurosos, con altas probabilidades de resultar negativos. Sin embargo, hasta ahora no hay información pública sobre evaluaciones técnicas, factibilidad de servicios ni planificación integral. Todo se mueve en un terreno difuso, donde la falta de respuestas oficiales empieza a ser tan ruidosa como las propias denuncias.
Oposición en silencio, vecinos en acción.
En este escenario, la oposición local tampoco sale bien parada. Los concejales de la oposición, que deberían ejercer control político, aparecen —según el reclamo vecinal— con una “conducta laxa”, sin generar pedidos de informe ni abrir el debate institucional. Ese vacío fue ocupado por los propios vecinos, que decidieron organizarse, investigar y exponer lo que consideran una trama irregular. En ausencia de controles formales, la presión social empezó a ocupar el rol de contrapeso.
Un modelo que se repite
El caso de Icho Cruz no es aislado. Responde a una lógica cada vez más frecuente en pequeñas localidades, proyectos urbanísticos anunciados como progreso, pero ejecutados entre sombras, sin controles claros y con reglas que parecen moldearse según la conveniencia política.
Por ahora, lo único concreto es la incertidumbre. Y una pregunta que empieza a tomar fuerza en el sur de Punilla: si no hay nada que ocultar, ¿por qué el municipio no muestra las cartas sobre la mesa?
