Lo que en los papeles aparece como una apuesta al desarrollo local, en la práctica empieza a exhibir zonas grises difíciles de ignorar. La decisión del intendente Ariel Moyano de impulsar la instalación de una estación de servicio sobre la Ruta 14, aprobada por ordenanza en octubre de 2025, hoy genera más interrogantes que certezas
El movimiento de suelo que actualmente se observa en el predio, sobre la ruta 14, encendió las primeras alertas entre vecinos, que hasta ese momento desconocían el alcance de la iniciativa. La sorpresa no fue solo por la magnitud de la obra, sino por las condiciones bajo las cuales el municipio habilitó el emprendimiento.
La aprobación del proyecto, según se desprende de la documentación, habría avanzado sin contar previamente con el estudio de impacto ambiental, un requisito básico que debe emitir la autoridad provincial. Lejos de esperar ese aval, el municipio no solo avanzó igual, sino que se comprometió a garantizar el cambio de uso de suelo. Es decir, no solo habilita: también allana cualquier obstáculo, cosa que al vecino de a pié, le generaría entrar en una burocracia estatal interminable.
Pero el aspecto más delicado es otro. El convenio establece que el propio municipio aportará maquinaria y personal para la construcción de la estación. Recursos públicos puestos al servicio de un emprendimiento privado, sin que medie —al menos públicamente— un esquema claro.
A esto se suma un paquete de beneficios que resulta, cuanto menos, llamativo: exención de tasas municipales, gratuidad en la aprobación de planos y, sobre todo, un punto que sobresale por su contundencia: exclusividad absoluta por quince años. En otras palabras, durante más de una década, ningún otro privado podrá competir en el mismo rubro dentro de la localidad. Un monopolio legalizado por ordenanza.
Las preguntas, entonces, son inevitables: ¿dónde termina el rol del Estado como facilitador del desarrollo y dónde empieza el favoritismo? ¿Bajo qué criterios se definieron estos beneficios? ¿Hubo otras propuestas o se trató de un camino con un único destinatario desde el inicio?
En este contexto, la ONG ADARSA ya presentó pedidos de informes tanto al municipio como a la Secretaría de Ambiente de la provincia. Su abogada, Marcela Fernández (M.P. 130261), confirmó que se solicitó información clave sobre el impacto ambiental y la legalidad del procedimiento. Las respuestas deberán llegar en un plazo de diez días.