En el centro de la escena aparece el intendente Esteban Avilés, señalado por vecinos y sectores de la oposición por una presunta inacción frente a la ocupación de un terreno público que, según la planificación urbana, está destinado a una plaza.
El foco del problema se ubica en calle Haendel al 600. Allí, lo que comenzó como construcciones incipientes derivó con el paso del tiempo en un asentamiento consolidado, con viviendas habitadas e incluso, según denuncian los frentistas, algunas unidades ya en proceso de comercialización.
“Esto avanzó ante la vista de todos”, sostienen vecinos del sector, quienes aseguran haber realizado reiterados reclamos al municipio sin obtener respuestas concretas. La falta de intervención oficial no solo profundizó el malestar, sino que alimentó sospechas sobre una posible intencionalidad política detrás de la pasividad de Aviles.
Uno de los puntos que más inquietud genera es que el predio, pese a tratarse de tierra municipal, cuenta con servicios básicos. En el lugar hay suministro eléctrico y acceso al agua, este último bajo administración del propio municipio, lo que para los vecinos resulta difícil de explicar sin algún grado de consentimiento estatal.
Ante este escenario, los residentes decidieron acudir al concejal opositor Daniel Ribetti, quien tomó el reclamo y presentó un proyecto de ordenanza que podría ser tratado en la próxima sesión legislativa. La iniciativa busca no solo visibilizar el conflicto, sino también exigir definiciones concretas por parte del Ejecutivo.
Ribetti fue claro al respaldar el planteo vecinal: “Si existe una necesidad habitacional, el municipio debe abordarla con políticas públicas específicas. Lo que no puede hacer es permitir usurpaciones, y menos aún en un espacio que está destinado a una plaza”, sostuvo.
En el barrio, la interpretación de algunos vecinos es directa: la falta de acción responde a una lógica electoral. Los vecinos hablan abiertamente de una “especulación” por parte del intendente, a quien acusan de evitar conflictos en un contexto político sensible, aun cuando eso implique desatender normas urbanísticas y generar desigualdad entre contribuyentes.
“Nosotros cumplimos, pagamos tasas y respetamos las reglas. Mientras tanto, vemos cómo se consolida una ocupación en un terreno que es de todos”, remarcan.