En el corazón del departamento Valle de Punilla, la pequeña comuna de Tala Huasi dejó de ser noticia por el turismo y empezó a figurar en expedientes judiciales. La escena política local está atravesada por un dato incómodo: un matrimonio que gobierna desde hace más de una década y un total de ocho denuncias penales que, según el denunciante, duermen en las fiscalías de Villa Carlos Paz.
El eje de las acusaciones apunta al tándem Miranda/Minardi. Para la minoría comunal, se trata de un “monopolio político matrimonial” que habría consolidado poder sin controles efectivos y bajo un clima de lo que definen como “gravedad institucional”.
Denuncias que no avanzan
En diálogo con VOX PUNILLA, el integrante de la comisión por la minoría, Carlos Mazzuferi, expresó su “decepción” con el accionar judicial. Asegura haber presentado escritos, pruebas documentales y hasta filmaciones ante las tres fiscalías de Villa Carlos Paz, sin que —según sostiene— se registren avances concretos.
Las denuncias incluyen la desaparición de fondos públicos e irregularidades electorales. Sobre este último punto, Mazzuferi habla directamente de una “estafa electoral”.
El padrón bajo sospecha
De acuerdo a la presentación realizada ante la justicia electoral, desde 2015 se habría incrementado el padrón con votantes que no residirían en la comuna. La acusación va más allá: el dirigente sostiene que el propio matrimonio gobernante reside en San Antonio de Arredondo y no en Tala Huasi.
Según su relato, esta situación fue denunciada ante la Junta Electoral local con certificación ante escribano público. La respuesta institucional, afirma, fue nula. “La junta electoral está viciada por compromisos políticos partidarios”, disparó.
Los $26 millones que no cierran
El capítulo económico tampoco es menor. Mazzuferi denuncia un faltante total de $26 millones en las arcas comunales.
El primer caso corresponde a 2023: $21 millones vinculados a la recaudación del estacionamiento turístico. Según la denuncia, habría inconsistencias en la rendición de 7.000 vehículos. “Si se convierte al valor del dólar de ese momento, estamos hablando de unos 60 mil dólares”, afirmó.
El segundo episodio remite a 2022, cuando la entonces jefa comunal informó el robo de $5 millones. Para la oposición, el hecho resulta “sospechoso” y también fue judicializado.
Poder cerrado, controles débiles
Ocho denuncias penales, acusaciones de manipulación electoral, presuntos faltantes millonarios y una Justicia que —según la minoría— no actúa con la celeridad que el caso exige.
En Tala Huasi, la discusión ya no es turística ni administrativa. Es política e institucional. Un matrimonio que concentra el poder, una oposición que denuncia irregularidades estructurales y un sistema de control que, hasta ahora, no logra dar respuestas.
En la tranquila postal serrana, los expedientes se acumulan. Y la pregunta que sobrevuela el valle es una sola: ¿hasta cuándo?