La jefa comunal de Cabalango, Carla Bruno, hizo público a través de sus redes sociales un reclamo dirigido al Gobierno nacional por los fondos que el PAMI adeuda a los municipios.
En ese marco, contó que asistió junto con otros 50 intendentes —en representación de más de 150 jefes comunales de distintos puntos de la provincia— se presentaron hoy en la sede de PAMI Córdoba para formalizar el pedido de pago de la deuda acumulada. Según precisaron, el monto asciende a unos $9.000 millones, correspondientes a nueve meses de retraso en las transferencias.
El reclamo no es menor: se trata de recursos que los municipios aseguran haber adelantado con fondos propios para garantizar prestaciones básicas a jubilados y pensionados, una responsabilidad que, sostienen, corresponde al organismo nacional.
Sin embargo, lo que generó particular atención fue el tono del mensaje de la mandataria de Cabalango. Bruno apeló a un pedido “de corazón”, una expresión que se aparta del habitual lenguaje político y que deja entrever la preocupación por la situación financiera que atraviesan las administraciones locales.
En ese contexto, surge un interrogante político inevitable. En un escenario donde desde el Gobierno nacional se impulsa una lógica de ajuste y desregulación bajo principios de mercado, «el mercado lo resuelve» cabe preguntarse si habrá lugar para una respuesta basada en la empatía frente a un planteo que, más allá de lo administrativo, pone en el centro en la atención médica de nuestros abuelos.
Por ahora, la deuda sigue sin saldarse y los municipios continúan absorbiendo un costo que, aseguran, ya resulta difícil de sostener.