El nuevo rechazo del gremio docente UEPC volvió a tensar la cuerda con la Provincia, y ya no disimula activar la conciliación obligatoria como último recurso para forzar el regreso a las aulas. La medida, más que una solución, aparece como un parche de urgencia.
El trasfondo es inocultable. Con una economía que acumula indicadores en rojo y un dato que inquieta en cualquier despacho oficial —nueve de cada diez familias reconocen estar endeudadas, según el último informe del IETSE—, el margen político para sostener el conflicto se achica. Y también la paciencia de los docentes.
La Provincia enfrenta así una encrucijada clásica: ceder y pagar el costo fiscal en un contexto adverso, o endurecerse y asumir el desgaste político. La conciliación obligatoria, en ese sentido, no es un gesto de fortaleza, sino la confirmación de que la negociación entró en zona de bloqueo.
Con el calendario 2027 ya asomando en el horizonte, cada decisión empieza a leerse en términos de acumulación o pérdida de poder. Y en ese tablero, la educación vuelve a ser rehén de una disputa donde nadie quiere aparecer cediendo, pero todos arriesgan algo más que una paritaria.